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ARENA BLANCA
RAFAEL MARTÍNEZ CRISTO
OTROS TIEMPOS
En medio de un país sacudido por actos de violencia en distintas regiones, ocurridos al cierre de la semana pasada, la gobernadora de Mara Lezama salió a fijar la postura: “En Quintana Roo –dijo- las instituciones funcionan con normalidad”; esto a diferencia de lamentables episodios de alertas de viaje por inseguridad suscitados en otros tiempos(léase gobierno de Carlos Joaquín).
No se pueden echar las campanas al vuelo, pero lo cierto es que el pasado fin de semana se mantuvo la calma en esta entidad: Escuelas abiertas. Hospitales operando. Aeropuertos y puertos activos. Carreteras transitables. Más de 10 mil elementos de fuerzas federales, estatales y municipales desplegados. Y una Mesa de Seguridad en sesión permanente.
No es un mensaje menor. En un estado cuya economía depende de la confianza —turismo, inversión, movilidad internacional—, la percepción lo es todo. Cancún, la Riviera Maya, Tulum o Chetumal no sólo venden playas; venden certeza. Y la certeza se construye con hechos, pero también con conducción política.
La reacción inmediata de la mandataria contrasta con el silencio dubitativo que en otros tiempos caracterizó momentos críticos. Cuando en el pasado reciente —durante la administración de Carlos Joaquín González— se emitieron alertas de seguridad por parte de gobiernos extranjeros para viajar a Quintana Roo, la respuesta institucional fue tardía, reactiva y, en ocasiones, defensiva. El mensaje hacia el exterior no fue de control, sino de contención discursiva.
Las alertas internacionales no surgen en el vacío. Se construyen a partir de estadísticas, incidentes de alto impacto y percepción acumulada. En aquellos años, episodios violentos en zonas turísticas golpearon la narrativa de paraíso seguro. Las conferencias improvisadas no lograron disipar el daño reputacional. La estrategia parecía centrarse más en negar el problema que en asumirlo con firmeza y coordinación visible.
Hoy, el discurso es otro. La gobernadora no sólo informa que “todo funciona con normalidad”; subraya la existencia de un despliegue concreto: más de 10 mil elementos. Esa cifra, más allá de su dimensión operativa, cumple una función política: enviar una señal de presencia del Estado. En materia de seguridad, la ausencia se paga cara; la presencia, aunque no resuelva todo, inhibe y tranquiliza.
Hay además un elemento que marca diferencia: la sesión permanente de la Mesa de Seguridad. La continuidad institucional importa. No es lo mismo reaccionar tras el escándalo que instalar un esquema de seguimiento constante. La gobernabilidad moderna exige coordinación interinstitucional, flujo de información y decisiones en tiempo real.
¿Significa esto que Quintana Roo vive una etapa de seguridad plena? No. Sería ingenuo afirmarlo en un país donde los fenómenos criminales tienen raíces estructurales. Pero sí implica un cambio en la conducción política del tema. La seguridad ya no se trata como un asunto incómodo que se administra en voz baja, sino como una prioridad que se comunica frontalmente.
La crítica al pasado no es un ejercicio de nostalgia ni de revancha; es un contraste necesario. Bajo la administración anterior, las alertas emitidas por países como Estados Unidos y Canadá colocaron al estado en titulares internacionales por razones que nada tenían que ver con sus atractivos naturales. Cada advertencia impactó reservas hoteleras, inversiones y empleos. La reacción oficial fue, en el mejor de los casos, técnica; en el peor, minimizadora.
En cambio, la actual narrativa apuesta por la anticipación. Informar antes de que el rumor se imponga. Mostrar despliegue antes de que la incertidumbre crezca. Reiterar que escuelas, hospitales y aeropuertos operan con normalidad no es retórica vacía: es una forma de blindar la confianza colectiva.
La política también es comunicación estratégica. Y en un estado turístico, comunicar seguridad es gobernar economía. La administración de Mara Lezama parece entender que la tranquilidad no sólo se construye con patrullas, sino con claridad informativa.
Quintana Roo no puede darse el lujo de improvisar en seguridad. Cada alerta internacional cuesta millones y erosiona reputación. Cada silencio oficial alimenta especulación. Por eso el contraste importa: de la reacción tardía a la sesión permanente; de la negación incómoda al mensaje directo; del daño reputacional acumulado a la búsqueda de estabilidad narrativa.
El desafío sigue siendo enorme. Pero en política, la diferencia entre administrar crisis y conducirlas marca la línea entre desgaste y liderazgo. Y hoy, al menos en el terreno del mensaje y la coordinación visible, la balanza parece inclinarse hacia una conducción más firme.
En un estado que vive de la confianza del mundo, la seguridad no es un tema más en la agenda: es la agenda.