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México interpuso una demanda en una corte federal de Estados Unidos contra varios fabricantes de armas en alegando que sus prácticas negligentes facilitan el tráfico ilegal de sus productos al país. Y ésta denuncia fue aceptada por la autoridad de Massachusetts.
El hecho es un gran paso en el combate contra tanta violencia e inseguridad en el territorio nacional, convertido éste en el principal flagelo que mantiene contra la pared a toda la población de los 32 estados de la República.
No se puede hallar una mejor salida a tan grande problema que desarmando a la delincuencia organizada.
Sin embargo, en este mundo dual, normalmente cuando se da una buena noticia, de inmediato viene el lado antagónico, la contraparte, y éste sería el hecho de que México exige 10 mil millones de dólares para resarcir algunos daños, muchos, millones, imposibles de solventar, al haber cobrado un número inimaginable de vidas humanas en este país.
Lo mejor en este caso, sería que esta nación se conforme con erradicar o al menos disminuir gran parte del armamento que entra a México procedente del vecino país del norte y no exigir una cantidad estratosférica, porque este bien puede ser el motivo de una negativa a tan importante demanda.
De acuerdo con un documento visto por Reuters, la demanda civil de daños, interpuesta ante una corte en Boston, señala que unidades de Smith & Wesson; Barrett Firearms; Colt’s Manufacturing Company; Glock Inc; Sturm, Ruger & Co, Inc y otras sabían que sus prácticas comerciales generan daño al país.
«El Gobierno de México ha sufrido un daño directo e indirecto ocasionado por las prácticas negligentes de empresas de Estados Unidos. Los demandados tienen la obligación de no anunciar o distribuir armas que sean usadas para actividades ilícitas en México», señala el documento.
La cancillería mexicana estima en medio millón anuales las armas que entran al país de forma ilegal y que llegan a manos del crimen organizado.
La población mexicana estará muy al pendiente del fallo que emitirá la Corte de Estados Unidos, sobre una decisión que se antojaba cada vez más difícil, en lo que parecía un “acuerdo no escrito” entre ambos países, uno exportando droga y el otro respondiendo con el tráfico de armas.
El primer paso se ha dado, esperemos que sea un duro golpe contra la delincuencia organizada.