DIPUTADOS AUMENTAN A 8 AÑOS LA VIGENCIA DEL GOBERNADOR// En comisiones se brincan la Constitución Mexicana

Con duración de ocho años fue aprobado el período del próximo gobernador de Quintana Roo por parte de los diputados integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Anticorrupción, Participación Ciudadana, y pese a este evidente error, al contravenir el artículo 116 constitucional, los legisladores locales no hicieron cambio alguno y así cerraron la sesión en comisiones.

La aprobación de este período fue hecha por diputados de Morena, PT y PVEM a iniciativa presentada por el legislador Carlos Hernández Blanco, con lo cual se reforma la fracción II del artículo segundo transitorio del decreto número 100 por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución del Estado en materia electoral, y modificaron la fracción II del artículo quinto transitorio del decreto número 97, por el que se expide la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado.

Bastaron diez minutos para que los miembros de las comisiones mencionadas levantaran la mano para aprobar la iniciativa presentada por el Diputado del PRI, Hernández Blanco, Presidente de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la XVI Legislatura.

Los diputados de Morena Érika Castillo Acosta, Euterpe Gutiérrez Valasis y Edgar Gasca Arceo; del PT, Hernán Villatoro Barrios y del PV, Judith Rodríguez Villanueva avalaron la iniciativa con la que el área jurídica procedió a elaborar el proyecto de dictamen que será presentado ante el pleno del Congreso para su discusión y aprobación.

El próximo gobernador de Quintana Roo deberá tomar posesión el 25 de septiembre de 2022, tras los resultados de las elecciones a celebrarse en junio de ese mismo año.

Se espera que ante el pleno del Congreso sea rechazada esta iniciativa para modificar el período de la próxima gubernatura, a fin de que la administración estatal sea de seis años, es decir, que culmine en 2028 y no en 2030, y la siguiente de dos años, a fin de homologar el proceso electoral estatal con el federal.

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