En aparente desacato a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) señaló que la persecución contra los conductores de Uber continuará en la entidad.
De acuerdo a la plataforma, la SCJN resolvió que Uber puede laborar en esta entidad y en todo el país de manera libre; sin embargo, el gobierno de Carlos Joaquín – a través de Imoveqroo- se negó a ello y asegura que ese fallo es falso.
Según la Ley, todo aquel que desobedezca las órdenes del Poder Judicial se hará acreedor a una sanción de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a 200 días.
Imoveqroo señaló que cualquier conductor de este tipo de servicio podrá ser sancionado por los inspectores de la dependencia.
“Las sanciones serán aplicadas también a los operadores de la plataforma Uber, pues carecen de algún mandato judicial para brindar su servicio”, señaló.
Afirmó que lo expresado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no fue una resolución.