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ACUSA UBER A FUNCIONARIOS DE INCITAR LA VIOLENCIA
Cancún.- Socios operadores de Uber ingresaron esta mañana una solicitud de juicio político, ante el Congreso del Estado, en contra de Rodrigo Alcázar Urrutia, director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), así como contra Cristina Torres Gómez y Erika Castillo Acosta, secretaria y directora de Gobierno, respectivamente, por ser presuntamente «los principales incitadores de la violencia», de la cual son víctimas por parte de los taxistas.
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Los representantes de estos socios, Carlos Calzado Calzado y Águeda Esperilla Soto, entregaron el documento con esta solicitud ante las oficinas del Poder Legislativo en Cancún y allí argumentaron que hay elementos suficientes para procesar a estos funcionarios por tener intereses con los gremios taxistas, principalmente con el Sindicato «Andrés Quintana Roo» y el Sindicato «Lázaro Cárdenas del Río».
En esta solicitud, acusan a los citados funcionarios de desacato a una orden judicial, incitación a la violencia, conflicto de intereses y corrupción.
“En un acto premeditado y orquestados desde la administración pública estatal. Dicen que Uber sigue siendo ilegal. Viene el fallo a favor, se publica en el Diario Oficial de la Federación y de todas maneras salen a insistir», indicó.
«Son declaraciones públicas hechas en medios de comunicación, en donde ellos dicen que el servicio de Uber aún es ilegal y esto representa un desacato a una orden judicial y eso es un delito”, añadió.
La mentira de estos funcionarios sembró confusión y fue un “cheque en blanco” para que taxistas comenzaran a agredir a los operadores de esta empresa.
En la petición, que viene firmada por 10 socios, incluyeron además a Erika Castillo Acosta por ser «juez y parte» en este conflicto, toda vez que tiene un vínculo cercano con el Sindicato “Andrés Quintana Roo”, donde es socia, y, además, su padre fue secretario general.
Explicó que la solicitud de juicio político está dirigida al diputado local, Hugo Alday Nieto presidente de la Comisión de Justicia, y está efectuada a título personal de estos socios, sin que Uber esté involucrada.
«Esta comisión lo tiene que discutir en el pleno, y le estamos pidiendo al titular que dé parte a la autoridad competente, porque eso es cárcel. ¡Que esos tres funcionarios den la cara a la ciudadanía y expliquen por qué están anteponiendo sus intereses mezquinos!”, exclamó.
Detalló que en este documento están estampadas 10 formas de socios de Uber, los cuales han sido víctimas de agresiones por parte de los choferes de los mencionados sindicatos.