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EL ESPINOSO CASO CALICA
Rafael Martínez Cristo
El conflicto entre el Gobierno de México y Vulcan Materials Company, antes Calica (hoy Sactun), es más que un diferendo comercial: es un caso emblemático de cómo los vacíos políticos y las omisiones ambientales acaban en pleitos multimillonarios que se disputan en tribunales internacionales.
Y, peor aún, de cómo la improvisación termina por encima de la visión de Estado.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno explora la posibilidad de comprar los terrenos y la concesión de la empresa en Punta Venado, al sur de Playa del Carmen. La propuesta revela la falta de una estrategia integral: si la clausura de las operaciones ya había sido decretada y la zona declarada Área Natural Protegida, ¿qué sentido tiene ahora poner sobre la mesa una indemnización disfrazada de compra? En los hechos, se estaría pagando con recursos públicos el costo de una negligencia compartida: la de gobiernos que permitieron la explotación sin límites, y la de autoridades ambientales que reaccionaron tarde y mal.
Políticamente, la narrativa busca ser heroica: Sheinbaum insiste en que no hubo expropiación y acusa a la empresa de rebasar permisos y devastar cenotes y acuíferos. Tiene razón, a medias. La otra cara es que durante años Profepa y Semarnat se limitaron a “vigilar” sin actuar, y cuando lo hicieron fue más por cálculo político que por convicción ambiental.
López Obrador convirtió a Calica en su villano favorito, y Sheinbaum ahora hereda el pleito, obligada a mantener el discurso nacionalista mientras busca evitar que el T-MEC le estalle en las manos.
El costo político de la confrontación es enorme. De nuevo México aparece ante inversionistas internacionales como un país que cambia las reglas de juego a la mitad del partido. Hoy es Vulcan, mañana puede ser cualquier otra empresa extranjera con litigios semejantes. El mensaje de incertidumbre jurídica es claro, y eso impacta en la confianza para invertir. Pero al mismo tiempo, dar marcha atrás significaría legitimar la devastación ambiental y entregar la soberanía de un territorio único a los intereses de una trasnacional.
Y es aquí donde lo ambiental se vuelve lo central. Punta Venado es una herida abierta en la Riviera Maya. Años de extracción de piedra caliza han dejado cráteres, acuíferos dañados y cenotes contaminados. Hablar ahora de convertir la zona en un polo turístico es, cuando menos, un despropósito. No se trata de sustituir arena por hoteles, ni minería por resorts de lujo. Lo que se necesita es una política ambiental seria, de restauración ecológica, que piense en las próximas generaciones y no en la foto inmediata.
Sin embargo, esa visión de largo plazo no aparece en el discurso oficial. El ambientalismo de la 4T ha sido reactivo y utilitario: cerrar minas cuando conviene, declarar áreas naturales protegidas a destiempo y negociar sobre la marcha. No hay un plan de restauración, ni un esquema sólido de compensación ecológica, ni una apuesta clara por un modelo económico distinto al extractivismo. Y esa ausencia es lo que hace que cada conflicto termine en tribunales internacionales, con la amenaza constante de indemnizaciones multimillonarias.
En el fondo, lo que está en juego no es solo una disputa con una empresa de Alabama, sino la capacidad del Estado mexicano para defender su soberanía ambiental sin convertirlo en un espectáculo político ni hipotecar las finanzas públicas. Si el gobierno termina pagando –ya sea por “compra” o por sentencia arbitral–, el costo lo asumirán los ciudadanos. Si cede a la presión de la trasnacional, se perderá la oportunidad de preservar un ecosistema invaluable.
Lo que no puede seguir pasando es que la política ambiental se maneje a golpe de ocurrencias. México necesita reglas claras, instituciones ambientales fuertes y un compromiso real con la sustentabilidad. De lo contrario, Punta Venado será recordado no solo como un pleito legal, sino como el símbolo de un país incapaz de cuidar su riqueza natural ni de gobernar con responsabilidad.
La pregunta es incómoda pero inevitable: ¿será Claudia Sheinbaum la presidenta que logre romper el ciclo de la simulación ambiental y la improvisación política, o simplemente la heredera de un conflicto que seguirá costándonos millones y selvas?