TRANSPARENCIA, CUENTAS CLARAS Y DERECHOS HUMANOS, RETOS DEL TREN MAYA// Por Graciela Machuca

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Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez

La construcción del Tren Maya representa un gran reto para el país por las inversión multimillonaria que se hará de los recursos de la hacienda pública, así como por los impactos sociales, económicos y políticos que tendrá no solo la región por donde pasará la vía del nuevo ferrocarril, sino en el resto del país, donde la disminución de la inversión pública ya se hizo efectiva para el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021.
Uno de los grandes retos a vencer por parte de la ciudadanía es exigirle al gobierno federal que se consolide la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, así como el respeto a los derechos humanos y a los fallos que han emitido y emitirán las diferentes instancias del Poder Judicial de la Federación en torno al desarrollo de la magna obra.
Otro reto es que el Congreso de la Unión le otorgue herramientas sancionadoras efectivas a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), porque de lo contrario sus recomendaciones serán simples llamados a misa, como ha sucedido hasta el momento.
El gobierno de la Cuarta Transformación muy pronto aprendió a darle la vuelta a la ley para evitar los concursos nacionales y dar las obras por asignación, o llamar a concurso a tres empresas. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo encargado de la construcción del Tren Maya ha dicho en su defensa que las obras o comprar por asignación han sido en un mínimo porcentaje en comparación al monto de las inversiones que se erogarán a través de los consorcios que han ganado los concursos internacionales para construir cinco de los siete tramos en que se dividió la obra, porque el sexto y séptimo el presidente la de la República decidió que es el Ejercito Mexicano, a través de sus empresas, el que construirá estos dos últimos tramos.
La propuesta gubernamental de desaparecer a los órganos autónomos que deben vigilar acciones de los gobiernos refleja la voluntad política de abstenerse de rendir cuentas con el pretexto de la austeridad republicana, pero hay otras formas de maximizar los recursos públicos desde los mismos órganos autónomos, sin que ello represente pérdida de autonomía y calidad en sus funciones.
Lo anterior lo comento porque la misma Auditoria Superior de la Federación (ASF) ya emitió recomendaciones a quienes operan la construcción del Tren Maya, incluso, en su primer año de labores, el 2019, como lo dio a conocer el Diario El Financiero.
Resultados preliminares de la auditoría 379-DE Proyecto Tren Maya muestran irregularidades por 148 millones de pesos, al documentarse sobrecostos por 67.5 millones de pesos en los contratos C-TM-001/2019 para el servicio de asesoría legal a cargo de Woodhouse Lorente Ludlow, y en el contrato C-TM-002/2019 para la asesoría económico-financiera, adjudicado a Price Water House Coopers, que provienen de haberles pagado sueldos mensuales estratosféricos, como, por ejemplo, de 192 mil pesos a un pasante; de 1 millón 113 mil 600 pesos a un directivo; 307 mil pesos a un analista, o millón 305 mil pesos al especialista en vías.
Mientras que en el contrato C-TM-008/2019 para la ingeniería básica, a cargo de Key Capital, la auditoría encontró que existen cargos duplicados e injustificados por 59.1 millones de pesos, escribe Lourdes Mendoza en su espacio periodístico Sobremesa del 20 de enero de 2021.
En los contratos TMCHI-PL/19-S-01 adjudicado a Ecología y Acción Urbana, y TMYUC-PL/19-S-01, a Enrique Norten Arquitectos, hubo más errores en las ofertas, por 4.3 millones de pesos.
En el contrato C-TM-007/2019, relativo a la identificación y liberación del derecho de vía, a cargo de Bya Barrientos y Asociados, los auditores no encontraron los comprobantes de los servicios realizados, por 13.1 Millones de pesos.
A pesar que la UNOPS cobró unos 30 millones de pesos para evaluar la limpieza de los contratos, se les olvidó la rigurosidad con la que vende sus servicios y fue la ASF, la instancia que encontró los garrafales errores, pero lamentablemente nadie rendirá cuentas al respecto. Esperemos que la ciudadanía se percate que el Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental es un derecho humano y que todos tenemos el derecho de ejercerlo a plenitud, a pesar que ahora sea incorrecto, políticamente, pedir información a los gobernantes.
NEGATIVA DE FONATUR DE ACATAR FALLOS DE AUTORIDADES AGRARIAS Y JUDICIALES
Juan Arturo Dzib Novelo, comisariado ejidal de Xbacab, dio a conocer que Fonatur se niega a suspender los trabajos de la Construcción del Tren Maya que realiza en ese ejido, a pesar de una resolución del Tribunal Agrario.
Un grupo de ejidatarios hizo un recorrido por unos tres kilómetros por donde se realizan obra del Tren Maya y las labores siguen realizándose, sin importarle a Fonatur que un juez federal haya ordenado la suspensión de los trabajos a partir del 21 de enero pasado.
Las personas inconformes sostienen que Fonatur realiza desmonte de selva y tala de manera ilegal, por lo que recurrieron al Tribunal Agrario para definir la situación y en primera instancia se ordenó que los trabajos se deben suspender, por lo que volverán a recurrir ante el juez para que les otorgue medidas cautelares a su favor y así Fonatur suspenda los trabajos.
SE ACUMULAN LAS SUSPENSIONES PROVISIONALES AL TREN MAYA EN DIFERENTES ESTADOS
Una nueva suspensión provisional a los trabajos del Tren Maya fue dada a conocer la semana pasada, ahora a favor de comunidades mayas de Mérida, Izamal y Chocholá en Yucatán, afectado a parte del Tramo 3.
En mayo de 2020, otro juez federal ordenó suspeder trabajos en el tramo 1 en Palenque, Chiapas, a petición de la comunidad maya Ch’ol que habita en Palenque, Ocosingo y Salto del Agua, Chiapas, por comprometer la salud de los habitantes de la zona en medio de la contingencia sanitaria por el Covid-19, recordó la revista Forbes en su edición Web del 25 de enero.
El Tramo 2 también ya debió verse afectado por una suspensión provisional, la que obtuvieron a su favor otro grupo de comunidades mayas, para que Fonatur suspendiera los trabajos de Escárcega a Calkini, Campeche, pero el organismo federal recurrió la orden, sin dejar de trabajar. En este caso, la suspensión provisional fue otorgada ante el daño irreversible que podrá sufrir el medio ambiente con las obras.
La suspensión más reciente sostiene que si bien, la obra podrá “atraer un impacto favorable para un gran número de personas en la región, tanto económico como en movilidad, los impactos locales a las comunidades demandantes podrían sufrir un daño irreparable en términos de tierra, bosques, flora, fauna, los recursos naturales, el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud”, de acuerdo a la versión de Forbes.
Las comunidades demandantes interpusieron el amparo de julio de 2020, luego de la consulta de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto realizada en la zona por autoridades federales del 2 al 30 de ese mes, “en plena pandemia, para reclamar la omisión de agregar, generar, transparentar y permitir acceso a información correspondiente a los Anexos de la Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad Regional del proyecto denominado “Tren Maya Fase 1”, así como la falta de garantía de participación ciudadana.
“Para el efecto de que las cosas se mantengan el estado que guardan y las autoridades responsables se abstengan de realizar actos tendientes a la ejecución del proyecto ‘Tren Maya Fase 1′”, sostiene la resolución.
La resolución final del juicio está pendiente, que podría concluir en la suspensión definitiva de la obra, escenario que no forma parte del proyecto del gobierno federal, por lo que Fonatur tendrá que seguir invirtiendo recursos en asesorías jurídicas para litigar casos en contra de comunidades indígenas que buscan el desarrollo de su entorno, pero no a costa de sus bienestar y deterioro de su medio ambiente.